Uno de los mayores retrocesos que ha experimentado la industria del control de plagas en los últimos años, es el de los precios a la baja sin ninguna razón aparente que lo justifique, ya que por el contrario, los costos internos de las empresas se han incrementado notoriamente por diversos factores.
La empresa de control de plagas, padece hoy una carga impositiva mucho mayor que hace una década atrás, motivada por un incremento de las alícuotas tributarias, la aparición de nuevas cargas como el impuesto al cheque, la ley de riesgos del trabajo, inclusive por aumentos salariales que debimos asumir en uno de los peores momentos de la historia económica argentina, con un costo de vida que creció geométricamente desde la depreciación de nuestra moneda nacional.
Si a esto le agregamos la aparición de un mayor número de actores en el mercado por factores múltiples, que van desde los retiros voluntarios en algunas mega empresas del estado, hasta los altos niveles de desocupación que padece nuestro país, vemos con claridad como la participación del empresario de control de plagas en la torta económica nacional, es cada vez menor.
Lamentablemente, debido a la falta de un orden jurídico adecuado, cualquiera puede con muy poca inversión y exigencias legales endebles, habilitarse como controlador de plagas, sin demasiados conocimientos técnicos, y en muchos casos sin demasiadas aspiraciones de desarrollo empresarial. Esto conspira contra los valores reales que deberían tener las prestaciones de control de plagas, basados en el conocimiento profundo de la materia y la enorme responsabilidad social que conlleva para los operadores.
La falta de un compromiso sólido con la actividad, lleva a menospreciar su enorme valor como aporte a la calidad de vida de la gente, y se termina así vendiendo aplicaciones químicas, en vez de cobrar honorarios por las exclusivas incumbencias técnicas adquiridas en la materia.
Es así, que con un total desconocimiento del valor social del operador en control de plagas, algunos elaboran sus tarifas en base a los gastos de traslado e insumos utilizados, sin considerar en lo más mínimo las otras variables, condenándose al estancamiento comercial y profesional.
También la certificación de tratamientos "no realizados", es otra forma muy común de distorsionar los valores de mercado, a partir de que algunos operadores cobran por no trabajar, certificando ilegalmente, en una de las prácticas mas deleznables y desleales que contamina al sector, y lo sumerge en un submundo de oscuras y despreciables corruptelas.
Si a esto le agregamos el alto nivel de evasión impositiva que hace que esas cargas ni siquiera se consideren por parte de cuentapropistas temporales que entran y salen del mercado a voluntad dejando el tendal de clientes mal atendidos a su paso, el escenario comercial se complica mucho más. ¿Cómo le vamos a pedir a estos señores que procedan con ética comercial y no de la manera que lo hacen, si carecen de ambiciones profesionales y empresariales, y en muchos casos están "de paso"?
Debemos lograr un ordenamiento jurídico, que ponga a todos los actores en un pié de igualdad técnica y fiscal para ganar en transparencia, fomentando de este modo la ética comercial y la valorización del rol social del PCO.
Cuando los operadores en control de plagas argentinos entiendan que no deberían vender aplicaciones químicas, ni cobrar por insectos o roedores muertos, y que su principal activo es el tiempo invertido en su capacitación técnica, podremos hablar de verdadero profesionalismo y de un mercado fuerte y sano.
Mientras tanto, solo seremos comerciantes que suman costos, le agregan un porcentaje de ganancia a sus servicios, y cotizan más influenciados por sacarle un cliente al colega que por lograr una renta acorde a sus valores y capacidades profesionales.