A mediados de 2003, en medio de una de las peores crisis económico-sociales de la Argentina, aún podemos advertir la falta de consenso gremial de nuestro sector en torno a unos pocos objetivos centrales que permitan un ordenamiento inicial en cuestiones técnicas y jurídicas largamente discutidas, para sentar las bases de un despegue de toda la industria, a partir de un crecimiento de mercado que, por sí mismo, tardará muchos años en desarrollarse.
Nos encontramos así con tres claras posiciones filosóficas defendidas por diferentes sectores de PCOs. institucionalizados de nuestro país que podríamos resumir en:

1. La promoción de requerimientos estructurales restrictivos para la habilitación de las empresas de control de plagas, a fin de ejercer prevalencia por la fuerza sobre las grandes licitaciones públicas y privadas
2. Vale todo para los recién llegados al mercado sin considerar a quienes ejercen la actividad desde hace mucho tiempo, fomentando la competencia desigual entre mochileros y empresas con reconocidas trayectorias.
3. Requerimientos estructurales mínimos y razonables condicionamientos técnicos para el ejercicio profesional del control de plagas a partir de la certificación de idoneidad, además de un imperioso ordenamiento jurídico y laboral de toda la industria.

Desde algún sector de la actividad, se siguen defendiendo normativas restrictivas como la Resolución Nª779, pretendiendo basar las habilitaciones de las empresas de control de plagas en requisitos eminentemente estructurales, que por abusivos ya se han transformado en obsoletos y absurdos, sin ningún fundamento técnico que los sustente seriamente.
Esta postura se encuentra en franco retroceso no sólo en Argentina sino en todo el mundo, ya que cada día los PCOs son reconocidos más por su idoneidad técnica que por las grandes estructuras que en general no inciden demasiado en los resultados prácticos de los tratamientos.
En el otro extremo, otro grupo de controladores de plagas, defienden la posición del "vale todo", postulando que para ser PCO profesional solo basta con desearlo, aunque no se demuestre fehacientemente un gran compromiso sectorial ni ambiciones de desarrollo en la industria.
Quienes integran este grupo, proclaman tener tanto derecho a ejercer como los otros PCOs, que invierten en capacitación y tecnología, tienen a su personal en regla, pagan seguros, impuestos, etc...
Podríamos otorgarle cierta viabilidad a su posición, si no fuera que se niegan enfáticamente a todo tipo de regulación de la actividad que se encamine a ordenar jurídicamente al sector marginando a los ilegales; e incluso en algunos casos, han llegado a promover el uso de peligrosos productos como una forma de abaratar sus costos internos.
Consideramos que en este "vale todo" los primeros damnificados son losempresarios y profesionales que ejercen la actividad desde mucho tiempo atrás, incluyendo a empresas con más de dos o tres décadas de trayectoria, y a aquellos que han comenzado hace poco, pero que los guía un espíritu profesional y legítimas ambiciones de crecimiento empresarial.
Así es que de repente, éstos se encuentran compitiendo con improvisados cuentapropistas que en su afán por lograr un mínimo sustento, trabajan con precios de oferta, impulsando a la baja las tarifas del sector, con el consiguiente perjuicio que hoy ya es una realidad difícil de revertir.
Hay quienes llaman a esto "libertad de mercado". Yo lo llamaría "libertad de suicidio", ya que a ningún profesional que respete sus singulares valores técnicos, se le ocurriría cobrar honorarios más bajos que los que fije su colegio, en un intento desesperado por captar nuevos clientes.
Algunos PCOs ven como única alternativa de subsistencia de sus empresas, entrar en este perverso juego de precios a la baja, sin darse cuenta que así se condenan al estancamiento comercial en una primera etapa, y luego a su definitiva extinción.
Debemos entender que no vendemos servicios, sino que vendemos conocimientos y tecnología.
Y que esos conocimientos y esa tecnología, nos han costado años de esfuerzo e inversión en nuestras empresas.
Claro está que no se le puede pedir a quienes recién se incorporan a esta industria como salvavidas de unasituación previa de precariedad laboral, que entiendan y suscriban principios éticos compartidos por aquellos que ejercemos desde hace décadas este querido oficio; pero tampoco se debería propiciar esta situación desde las instituciones serias del sector.
La "tercera posición" guarda la coherencia de aquellas fundamentadas en la realidad y la historia transcurrida, y no la del voluntarismo que cree ver cosas que en realidad no existen, y que a partir de su incorrecta lectura no elige los mejores caminos para la mayor parte de la industria.
Esta tercera posición, tiene que ver con los intereses colectivos de quienes están a favor de la "libertad de ejercicio profesional", pero no a costa de que cualquiera se transforme de la noche a la mañana, mas por mérito del hambre que por vocación profesional, en operador de control de plagas, compitiendo deslealmente con aquellos capaces y comprometidos con el sector.
Esta libertad de ejercicio profesional no es igual a lo que algunos denominan y proclaman como "libertad de trabajo". Por supuesto que ambas están reconocidas por el artículo 14ª de nuestra Constitución Nacional.
La diferencia es que la primera necesita de una certificación de conocimientos técnicos que avalen su ejercicio, debidamente documentada, con incumbencia técnica profunda; mientras que la segunda, postula un derecho inalienable pero sin vinculaciones específicas con cuestiones de profesión u oficio, ni tampoco regulado por leyes o disposiciones que la encuadren.
En este punto, debemos reconocer que mientras algunos ingenuamente no reconocen esta sustancial diferencia, otros eluden su diferenciación, porque apuestan a la masificación de los controladores de plagas, con la finalidad de incorporarlos a granel en sus estrategias institucionales o comerciales.
La imagen corporativa y los intereses comerciales de nuestra industria deben ser los ejes centrales de la gestión de toda institución que pretenda defender los legítimos intereses de los verdaderos operadores profesionales de control de plagas urbanas.